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Rechazo a las medidas cautelares de la Comisión

Escrito por Hernán Salgado Pesantes.

Rechazo a las medidas cautelares de la Comisión

Lo expresado sucedió en Venezuela con el gobierno del presidente Chávez, cuando en 2004 desconoció las medidas cautelares que la Comisión había dictado a favor de periodistas y medios de comunicación social. Desde entonces dicho gobernante ha criticado con dureza esta “arrogación” de funciones, que culminó con la denuncia o retiro de la Convención Americana en abril de 2012. Este hecho se repitió en el Ecuador con el gobierno del presidente Rafael Correa, en el problema judicial que tuviera con el diario “El Universo” y las medidas cautelares dictadas por la Comisión en este caso.

Quizá valga recordar las circunstancias en que se dieron tales medidas protectoras. El 24 de octubre de 2011 el periodista E.Palacio y los tres directivos de “El Universo” (César, Nicolás y Carlos Pérez) interpusieron una petición o demanda en la Comisión Interamericana señalando las violaciones de sus derechos a la libertad de expresión, entre otras, y pidieron al mismo tiempo medidas cautelares frente a la gravedad de las sanciones que les fueron impuestas en la primera y segunda instancias judiciales, y que después fueron ratificadas por los jueces penales de la Corte Nacional. Las sanciones eran: condena penal de tres años para el periodista y los tres directivos; una condena civil exorbitante de cuarenta millones de dólares, incluyendo al propio diario “El Universo”.

 

La Comisión, en primera instancia no concedió medidas cautelares, se limitó a   solicitar los informes pertinentes al Estado ecuatoriano sobre las presuntas violaciones (como se hace en estos casos), informes que demoraron en ser enviados a la Comisión y en los cuales los órganos correspondientes del Ecuador  rechazaron las acusaciones de los peticionarios.

Es después de realizada la audiencia judicial en la Corte Nacional (15 de febrero de 2012) en la que se negó la casación y los jueces ratificaron la sentencia condenatoria, con extremada diligencia, que la Comisión consideró cumplidos los elementos de urgencia y oportunidad para evitar daños irreparables y dictó las medidas cautelares solicitadas cuatro meses antes; textualmente dice: “Los hechos denunciados a la Comisión podrían constituir daños irreparables al derecho de libertad de expresión de los señores…” La Comisión solicita suspender de inmediato los efectos de la sentencia del 15 de febrero de 2012, al tiempo que convoca a una audiencia el 28 de marzo de 2012, en la sede de la Comisión, para “recibir información de las partes sobre la adopción y vigencia de la medidas cautelares” y luego decidir –por parte de la CIDH- si tales medidas se mantienen, se modifican o se levantan.

De este modo, el proceso iniciado en la Comisión podría seguir su trámite reglamentario, que suele demandar tiempo debido a la acumulación de casos y al no laborar los comisionados con permanencia (igual que los jueces de la Corte IDH) porque justamente no existe financiamiento de la OEA que permita cubrir los sueldos mensuales que aparejaría una permanencia en la sede.

Es conocido el desenlace que tuvo el caso “El Universo”, en consecuencia ya no eran necesarias las medidas cautelares y así lo declaró la Comisión; lo que no significa que el proceso –en base a la demanda presentada en octubre de 2011- haya terminado. Recordemos que para entonces, el Canciller y el Presidente Correa rechazaron las medidas cautelares para el caso “El Universo” y el Procurador se hizo eco de tal posición.

A partir de entonces, en las esferas oficiales se mantuvo el criterio de que la Comisión no tiene competencia para dictar medidas cautelares, pues tal disposición está únicamente en su Reglamento y éste no lo han aprobado los Estados partes (lo cual es un absurdo porque los reglamentos generalmente los dictan los propios organismos). Frente a las medidas recientemente concedidas por la Comisión a tres personas (una de ellas, legislador) sentenciadas de haber injuriado al Presidente de la República se han vuelto a reiterar los criterios señalados (marzo 2014).

También se ha planteado por el Asesor Jurídico del Gobierno elevar al respecto una consulta a la Corte Interamericana, es decir, el Estado ecuatoriano solicitaría a la Corte IDH una opinión consultiva. Esta posición –en mi criterio- es jurídica y más adecuada para terminar con una controversia, que en nada contribuye a la protección de los Derechos Humanos.