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Artículos

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LANZAMIENTO RUPTURA N° 56

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La ASOCIACIÓN ESCUELA DE DERECHO (PERÍODO 2011-2012), hace la cordial invitación al lanzamiento:

RUPTURA N° 56

La Asociación Escuela de Derecho invita al Lanzamiento de la Revista Jurídica Ruptura No 56 que se realizará el miércoles, 17 de abril a las 18h00 en el Auditorio Juilo Tobar Donoso.

En este acto, se hará un homenaje a la trayectoria académica del Dr. Hernán Salgado Pesantes.

Esperamos contar con su presencia.


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Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Con relación al artículo 8.1 de la Convención Americana que, como se ha visto, establece los elementos indispensables para la tutela de los derechos el órgano judicial del sistema interamericano ha dado –en lo principal- los siguientes criterios, interpretando y aplicando las normas convencionales.

La Corte ha reiterado en su jurisprudencia que en todo procedimiento judicial, de cualquier tipo de proceso que se trate, sea penal o civil, laboral o administrativo, u otro, se debe contar con jueces competentes, que cumplan con los requisitos exigidos de independencia y de imparcialidad.

Desde los primeros casos contra Honduras (1987), la Corte sentó las bases para el conocimiento y resolución de los procesos supranacionales llevados a su sede por intermedio de la Comisión Interamericana. Previamente señaló que el objeto y fin de la Convención Americana es la protección eficaz de los derechos humanos. “Por ello, la Convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo ‘su efecto útil’…”[1]

Es la efectividad que deben tener los derechos –señalada al inicio de este trabajo-, la concreción mediante resultados positivos. Por otro lado, la Corte advierte que en la jurisdicción internacional la inobservancia de ciertas formalidades no siempre es relevante, pues lo esencial es que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que alcancen los fines para los cuales han sido diseñados los distintos procedimientos…[2]

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Independencia e imparcialidad del juez

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Independencia e imparcialidad del juez

La independencia y la imparcialidad son elementos básicos que deben caracterizar a toda administración de justicia, no es posible concebir a ésta sin aquellos atributos si se trata de una sociedad democrática que vive el Estado de Derecho.

En un contexto de democracia constitucional los jueces deben caracterizarse, además de su probidad e idoneidad, por una férrea independencia y una sólida imparcialidad; estos principios –reiteramos- están en la base misma de toda jurisdicción, como un presupuesto necesario para que funcione la administración de justicia. El Poder Judicial -y todo tipo de jurisdicción- tiene en la independencia un escudo contra la interferencia de otros órganos o poderes del Estado, mientras que con la imparcialidad es posible cumplir el fin de la justicia.

De esta manera, los jueces pueden y deben actuar con entera libertad, lejos de cualquier tipo de presión sea económica, política o social (incluso familiar). Con independencia discernirán las normas jurídicas que deben aplicar al caso concreto, teniendo presente los principios éticos y constitucionales que regulan a su comunidad. Lo dicho permitirá que las valoraciones jurídicas del juez sean construidas adecuadamente.

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EL ACCESO A LA JUSTICIA Y SU SIGNIFICADO

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EL ACCESO A LA JUSTICIA Y SU SIGNIFICADO

El derecho de acceso a la justicia o derecho a la protección judicial es el punto de partida para la protección de los derechos de las personas. Dicho de otra manera, el acceso a la justicia constituye el soporte necesario para que se restablezca la efectividad de los demás derechos, cuando estos han sido violados.

La Convención Americana se refiere al acceso a la justicia cuando habla del derecho de toda persona a ser oída y que consta como primera manifestación de las “Garantías Judiciales” que trae el artículo 8.  La expresión ‘derecho a ser oído’ es utilizada también en otros instrumentos sobre derechos humanos, así en el Pacto Internacional (Art. 14 ), la Convención Europea (Art. 6.1).

Este acceso a la justicia significa que la persona que considera haber sufrido una violación a su o sus derechos está garantizada por el Estado de obtener una tutela efectiva –real, concreta- para la protección de los derechos. Por otra parte, quien es objeto de una acusación penal también tiene el derecho de ser oído con las debidas garantías por un juez o tribunal.

Valga recordar que el acceso a la justicia y sobre todo el debido proceso, en un primer momento, fueron concebidos principalmente para lo penal o criminal, pero a partir de los instrumentos internacionales que se dieron en la segunda mitad del siglo XX se extendió el debido proceso también para lo administrativo, lo laboral, civil y otros campos jurídicos.