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EL DERECHO AL RECURSO EFECTIVO Y EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN

Escrito por Hernán Salgado Pesantes.

EL DERECHO AL RECURSO EFECTIVO Y EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN

La disposición del artículo 8 de la Convención se vincula con el Art. 25 y se convierte en el “recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes”. La Corte Interamericana ha considerado esta disposición –del Art. 25- como “uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.[1]

La evolución de los derechos humanos, la necesidad de conferirles una tutela efectiva y las complejidades que suelen presentar los sistemas procesales, hizo que el acceso a la justicia tuviera otra dimensión más dinámica en la protección y menos compleja en aspectos procesales. El resultado fue establecer un recurso que sea accesible, adecuado, sencillo, breve y efectivo.

Esto explica que los instrumentos internacionales de derechos humanos hayan desarrollado un recurso cuyos procedimientos se caracterizan por ser sencillos y ágiles pero de resultado efectivo. Tales son las garantías jurisdiccionales del hábeas corpus y del amparo, entre otras.

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Los deberes estatales en materia de derechos humanos

Escrito por Hernán Salgado Pesantes.

Los deberes estatales en materia de derechos humanos

Los Estados Partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen el deber imperativo de garantizar los derechos y libertades reconocidos en dicho instrumento regional, para que tengan una efectiva aplicación. Con esta finalidad la Corte IDH ha afirmado, desde sus primeras sentencias, que los Estados tienen la obligación “de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de la cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”. [1]

Además, como quedó señalado, los Estados deben cuidar que los derechos garantizados tengan efectividad, pues como bien destaca la Corte, es necesario la existencia de “una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”, porque el deber de garantizarlos –por parte del Estado- no se agota en el hecho de tener un orden normativo que prescriba su cumplimiento.[2]

La doctrina y la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos han reiterado que el orden jurídico de cada Estado debe adoptar disposiciones internas que hagan efectivas las garantías de protección de los derechos. Con similar posición, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha reafirmado el deber que tienen los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto en práctica. [3]

En la época actual con la mayor conciencia que existe en materia de derechos humanos y con el avance de los sistemas democráticos, la mayoría de Estados de nuestro continente han recogido en sus constituciones y en la legislación secundaria los derechos esenciales de la persona, incluso se los ha desarrollado con más amplitud que en la Convención Americana. No obstante, sabemos que los Estados Partes tienen la obligación de adoptar las disposiciones convencionales en su ordenamiento jurídico interno, de conformidad con el mandato del artículo 2 de la Convención.

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Hacia la efectividad de los derechos humanos

Escrito por Administrador.

Hacia la efectividad de los derechos humanos

Hay que tener claro que la Convención Americana  -como la Europea- tiene como finalidad y propósito básico la tutela de derechos concretos y efectivos, no de derechos teóricos e ilusorios (ya Marx mismo calificaba a los derechos “burgueses” de meras utopías). Esta finalidad está presente en la jurisprudencia de la Corte IDH.

Lo expresado significa que los Estados miembros de la Convención deben proceder con igual propósito de dar vida concreta, efectiva y real a los derechos humanos. Con este sentido y alcance hay que considerar la obligación impuesta por el artículo 1 de la Convención, cuando dispone a los Estados partes respetar los derechos.

Los defensores naturales de los derechos de la persona son las jurisdicciones nacionales, en ellos reposa la subsidiaridad de la Convención. La Corte IDH constituye una jurisdicción coadyuvante o complementaria de la jurisdicción interna.

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EL DEBIDO PROCESO Y SUS GARANTÍAS MÍNIMAS

Escrito por Administrador.

EL DEBIDO PROCESO Y SUS GARANTÍAS MÍNIMAS

A las garantías primarias establecidas para acceder a la justicia, para ser oídos por un juez o tribunal, que son propias de la organización misma del Estado, se agregarán otras, que corresponden al desarrollo procesal, conocidas como las garantías del debido proceso. En éstas  se incorporan determinados elementos esenciales que por su relevancia constituyen derechos: el derecho a la defensa con sus diversas facetas, el derecho a la asistencia consular, a ser asistido por traductores o intérpretes, el derecho a recurrir del fallo, etcétera. Estas reglas básicas están desarrolladas en el artículo 8. 2  de la Convención.

Hay que tener presente que estos derechos forman el conjunto de las garantías procesales y concurren a integrar el debido proceso legal, y que estos derechos están estrechamente vinculados entre sí, configurando una unidad

Siempre que se mencionen las reglas del debido proceso, que traen tanto la Convención Americana como otros tratados de Derechos Humanos, se debe tener claro que se trata de garantías mínimas, es decir, que el debido proceso no se agota en estas enumeraciones.  Por otro lado, sabemos que la Convención Americana lo que establece es un mínimo exigible.

En el primer párrafo del artículo 8 se hizo referencia a las garantías con las cuales el Estado asegura el acceso a la justicia -toda persona tiene derecho a ser oída- por un juez o tribunal (“competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”).  A partir del acceso a la justicia se inicia el debido proceso, que está concebido para el ámbito penal pero, como se dijo, su contenido abarca a los distintos campos donde actúan los funcionarios y autoridades del Estado.