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El socialismo del Siglo XXI y el hiper-presidencialismo

Escrito por H.Salgado.

 

Texto tomado de mi último libro “El sistema presidencial en América Latina – Del caudillismo autocrático al hiper-presidencialismo constitucional”, segunda parte, pp. 82 y siguientes. (Publicación de CEP, Quito, 2017).

 

EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI Y EL HIPER-PRESIDENCIALISMO

Hernán Salgado Pesantes

 

Para afrontar los múltiples problemas de política, de gobierno y de la sociedad que no se solucionaron en el siglo XX y como una receta “nueva”, en algunos países -como es el caso del Ecuador-, se recurrió al hiper-presidencialismo. Ironizo aquello de “nuevo o nueva” porque en realidad –bajo un detenido análisis y paciente lectura- se llega a la conclusión que no lo es, salvo la etiqueta o denominación; ¿hechos políticos nuevos?, es un decir.

 

Sea como fuere, las soluciones políticas aparecen encubiertas con el manto ideológico del socialismo del siglo XXI. A pesar de todo lo que se ha escrito y debatido sobre esta forma de socialismo, dicho socialismo se presenta como una ideología imprecisa en su contenido, de interpretación difusa y de construcción inacabada.

 

Debemos entender –y así lo han señalado sus adherentes- que este socialismo pretende ser diferente del socialismo marxista-leninista de la Unión Soviética y de sus países satélites; por ello este socialismo aparece con su marco cronológico del siglo XXI, lo cual sirve para alejar la carga negativa de sus errores pasados. Para entonces tampoco faltaron países inconformes con una forma de avasallamiento, como la antigua Checoslovaquia y Hungría que buscaron el rostro humano del socialismo comunista.[1]

 

Suele señalarse que corresponde al sociólogo alemán Heinz Dieterich el uso de esta denominación a finales del siglo pasado, quien se propuso actualizar los postulados marxistas pero sin alterar las cuestiones básicas del pensamiento de Marx, como la lucha de clases. Dieterich elabora propuestas teóricas en el ámbito de la economía política y en el campo de la participación democrática de la ciudadanía para construir una sociedad libre de explotación.

 

 

 

Un denominador común se vuelve el rechazo del neoliberalismo y la necesidad de fortalecer las políticas sociales mediante una mayor inversión pública que no priorice el pago de la deuda estatal. La meta es alcanzar la equidad social con la reducción de los índices de pobreza en la región. En todo caso, el socialismo del siglo XXI se ha presentado como una ideología de izquierda, particularmente sensible en la defensa de la soberanía nacional e independiente de los centros financieros internacionales.

 

Esta corriente ideológica se instala en algunos países de Latinoamérica, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua. En Argentina recibe el aval en el gobierno de los esposos Kirchner y en Brasil, el gobierno de los trabajadores encabezado por Ignacio Lula da Silva ofrece un ambiguo auspicio. El presidente ecuatoriano Rafael Correa durante todo su mandato (que pasan los diez años) ha insistido que su “revolución” está avanzando hacia el socialismo del siglo XXI, el cual tiene sus propias características. Y esta alternativa ideológica responde a los fracasos de las políticas neoliberales.

 

Los hechos políticos y económicos que han ocurrido en la región hacen ver que el ciclo del socialismo del siglo XXI está concluyendo, en medio de contradicciones; mientras los críticos señalan que el tiempo se ha encargado de establecer que existe un abismo entre las proclamas de los gobiernos que asumieron posturas de carácter socialista y la realidad de estos países latinoamericanos.

 

En efecto, termina el año 2017 y sigue pendiente la edificación de una nueva sociedad. Lo que se ha presentado es una severa crisis en todos los órdenes: no solo en lo económico sino también en lo político, social y moral.

 

El caso de Venezuela es paradigmático y a la vez paradójico al ser un país que acumula una de las mayores reservas mundiales de petróleo y no obstante ha condenado a sus ciudadanos al desabastecimiento de los productos más elementales y a una total inflación, al crecimiento de la delincuencia y a una polarización de los ciudadanos no vista antes.

 

Frente a la compleja situación venezolana y a la que se presenta en el Ecuador, vuelve la pregunta sobre la compatibilidad entre el socialismo del siglo XXI y la democracia. En los inicios de nuestro siglo la respuesta positiva era fácil de sostener. Teóricos y simpatizantes afirmaron que esta corriente ideológica es totalmente democrática, que le da al pueblo la oportunidad de participar e intervenir en las decisiones del Estado, tomadas por sus representantes en el gobierno.

 

Al momento actual, los gobiernos del socialismo del siglo XXI con su obsesión de concentrar el poder y acumular las atribuciones presidenciales, resultado de una hipertrofia exacerbada; con una suerte de adicción por la reelección inmediata que permita permanecer en el cargo de modo indefinido, han demostrado que están mucho más cerca de la autocracia. Que esta ideología no es compatible con los principios democráticos.[2]

 

Los mecanismos: Constituyente y reelección presidencial

 

Además de la confusa ideología del socialismo del siglo XXI, los mecanismos utilizados para imponer un “nuevo” sistema político fueron esencialmente dos. El primero tiene que ver con sendas convocatorias a Asambleas Constituyentes para expedir nuevos textos constitucionales decorados con un amplio catálogo de derechos, junto con el diseño institucional del hiper-presidencialismo o la hipertrofia del Ejecutivo presidencial.[3]

 

A través de estas constituciones el socialismo del siglo XXI pretende “refundar el Estado”, es decir, comenzar de cero. Con poca reflexión y mucha vanidad se quiere reiniciar la historia. Con este punto de partida es difícil no reconocer a un neopopulismo demagógico.

 

El segundo mecanismo utilizado, estrechamente unido al primero, está relacionado con la inmediata reelección del presidente en funciones. La razón es sencilla: hay que designar y elegir a los titulares del poder constituido (es decir, de todas las instituciones). De ellos, se debe necesariamente conservar al líder-caudillo del neopopulismo, y también es aconsejable que permanezcan los constituyentes oficialistas para integrar en calidad de legisladores ordinarios la nueva Legislatura.[4]

 

De esta manera se aprovecha la “coyuntura constituyente” para garantizar que todos los miembros del gobierno -y de los órganos del Estado- sean parte de la misma ideología, en este caso del socialismo del siglo XXI. En esta visión quedan incluidos los operadores de la Justicia. Esta rigurosa homogeneidad existente entre los servidores del Poder Público se contrapone, naturalmente, a toda forma de pluralismo y disenso más aún cuando se trata del ámbito político.

 

De lo expresado se concluye que las asambleas constituyentes han servido –igual que en el siglo XIX- para enraizar en el Estado la hegemonía del Ejecutivo presidencial, al tiempo que permite a su titular iniciar un nuevo periodo, de forma independiente con el anterior que no será tomado en cuenta en materia de reelección constitucional, porque la nueva Ley Suprema establecerá disposiciones adecuadas para la permanencia del caudillo neopopulista (como en los tiempos pasados).

 

La Constitución y la hipertrofia del Ejecutivo presidencial

 

El socialismo del siglo XXI con la ayuda del mecanismo constituyente diseñó el modelo hiper-presidencialista en la propia Constitución del Estado. Las competencias y atribuciones que en forma concentrada son entregadas al presidente de la República constan en la Ley Suprema del Estado, de donde se propagan hacia las leyes, los reglamentos y demás normativa del ordenamiento jurídico.

 

En este caso, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, si el titular del Ejecutivo incurre en arbitrariedad o inconstitucionalidad no será porque el presidente haya tomado atribuciones que no le fueron conferidas, seguramente se tratará de la utilización abusiva del poder.

 

Como fue dicho, la concentración de poder en un órgano - constitucionalmente establecida- significa una reducción o disminución de las atribuciones de las demás funciones del Estado. Mientras el Ejecutivo presidencial se fortalece, los otros se debilitan y declinan. Uno de los afectados de manera especial es el Poder Legislativo, también incide con fuerza en los órganos jurisdiccionales (justicia ordinaria y justicia constitucional).

 

De esta manera se da la hipertrofia del sistema presidencial, lo cual beneficia al titular del Poder Ejecutivo y trae consigo un debilitamiento institucional que viene a ser una característica del hiper-presidencialismo.

 

Este presidencialismo, que aparece blindado desde la Constitución, no es inmune a los efectos del autoritarismo hegemónico y en su práctica política puede chocar con los derechos de libertad y afectar sensiblemente otros derechos fundamentales; sin embargo, los derechos económicos y sociales pueden ser atendidos en la medida que permita al gobierno presidencial obtener un electorado mayoritario. Esta cuestión conduce a propiciar un clientelismo electoral muy útil para la reelección del presidente.

 

En síntesis y como fue señalado, el marcado desequilibrio de poderes que ocasiona el hiper-presidencialismo trae diversas consecuencias, quizá la mayor sea la anulación del control político que ejerce la Función Legislativa y del control jurisdiccional manejado por los operadores de la Justicia. Otras consecuencias con efectos altamente negativos son el despotismo intolerante, la falta de transparencia, un acrecentamiento de la corrupción y de la impunidad.

 

Tales resultados, como es evidente, contradicen el carácter democrático que debe poseer todo sistema constitucional. En este punto, siempre me ha parecido que la normativa que pueda traer una Constitución no necesariamente es democrática (en el siglo XX se dieron numerosos ejemplos con regímenes de diversa ideología). Constitución y democracia no son términos sinónimos sino que son complementarios por excelencia.

 

Lo dicho, induce a afirmar que la Ley Fundamental tiene que estar construida sobre un pedestal de democracia y contener los elementos objetivos que configuran a ésta, uno de ellos es que el poder político debe estar distribuido nunca concentrado porque la Historia demuestra que ese es el camino que toman los regímenes totalitarios. En suma, debe existir una fusión estrecha entre los conceptos de democracia y de Constitución para llevarlos a la práctica política.

 

Además, sobra decir que en Ecuador –como en otros países- el tener en vigencia una Constitución (por excelente que sea) no garantiza que el gobierno de turno le dará un efectivo cumplimiento. Incluso las exigencias o mandatos constitucionales sufren mutaciones mediante procesos jurídicos interpretativos que terminan cambiando (mediante la interpretación) el sentido original de las normas para acoplarlas con los designios políticos del hiper-gobernante.

 


[1] Un socialismo que fue saludado más allá de Europa fue el movimiento de las Fuerzas Armadas de Portugal que pusieron fin al régimen fascista, el 25 de abril de 1974. Como se expresa en el Preámbulo de la Constitución portuguesa de 1976: fue “una transformación revolucionaria y el inicio de un viraje histórico de la sociedad … de asegurar la primacía del Estado de Derecho democrático y de abrir el camino para una sociedad socialista… teniendo en vista la construcción de un país más libre, más justo y más fraterno”. (Traducción personal, énfasis agregado).

[2] Los hechos demuestran la antedicha incompatibilidad. ¿Qué ha quedado de Venezuela? ¿qué está pasando con Ecuador? Los gobiernos Kirchner-Fernández de Argentina han elevado la corrupción a límites grotescos e inimaginables. Nicaragua enseña cómo un matrimonio puede tener el poder absoluto.

[3] No se crea que hay menosprecio al hecho de ampliar los derechos constitucionales, lo cual siempre es positivo (a pesar de que los tratados y convenciones sobre derechos humanos han alcanzado buen desarrollo). Lo que veo criticable es la actitud maquiavélica de escudarse en una causa noble para crear un cerco de opresión y de dominación políticas.

[4] Estas prácticas políticas fueron aplicadas de diversos modos en Latinoamérica, ya en los inicios republicanos del siglo XIX o durante el siglo pasado. Con un caudillismo autoritario primero y luego, con la aparición del sufragio universal en el siglo XX, a través del populismo basado en un clientelismo electoral.