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Debilitamiento de la Función Legislativa en el Ecuador

Escrito por Hernán Salgado Pesantes.

Debilitamiento de la Función Legislativa en el Ecuador


Por: Dr. Hernán Salgado Pesantes

 

La Constitución vigente reduce importantes atribuciones que normalmente ha ejercido el Legislativo, lo que se complementa con las leyes pertinentes, y convierten a esta Función en un órgano inocuo. La práctica política presidencial contribuye igualmente a hacer del Legislativo un apéndice del Ejecutivo. Señalaré algunos ámbitos constitucionales en los que se concreta lo dicho.

En materia de nombramientos: Ha sido tradicional que el órgano legislativo realice directamente o comparta con el Ejecutivo la designación de altos funcionarios del Estado, titulares o miembros de órganos autónomos (principales y suplentes); esta importante atribución le fue reconocida por ser un órgano que proviene del sufragio popular.

La Constitución ecuatoriana suprime esta atribución y la actual Asamblea Legislativa no interviene en ningún nombramiento de importancia, no obstante la legitimidad política que posee. Todas las designaciones de los funcionarios superiores del Estado son realizadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Art. 208, numerales 10,11 y 12); este Consejo de Participación viene a ser el núcleo básico del denominado “quinto poder” del Estado, como se verá.

En materia de control político: Para realizar un juicio político en contra del Presidente o Vicepresidente de la República “se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional” (Art. 129, inciso segundo). Aquí se está afectando una antigua atribución que siempre han tenido y tienen los parlamentos, congresos o asambleas; la decisión del órgano legislativo se supedita a un órgano jurisdiccional en una materia muy propia –juicio político o impeachment- de los legisladores con la finalidad de realizar el control de carácter político. Debo añadir que en la práctica política ecuatoriana muy poco se ha utilizado este mecanismo en contra del primer mandatario; si no han existido abusos la única razón de esta regulación es fortalecer al titular del Ejecutivo.

Debo señalar que en otro contexto cuando se da la cesación recíproca de funciones (llamada “muerte cruzada”) se dispone que el Presidente para disolver la Asamblea y ésta para destituir al primero deben previamente

obtener el dictamen favorable de la Corte Constitucional, cuando la causal es la arrogación de funciones. Considero que en este caso la situación es diferente sobre todo por ser una “creación” nueva, tomada y adaptada del sistema parlamentario que, en mi criterio, de utilizarse esta cesación recíproca de funciones traerá una devastación institucional, agravando la que tenemos.

En la cesación recíproca de funciones: En la llamada “muerte cruzada” también se da una ventaja al Ejecutivo presidencial sobre el Legislativo: en el caso de que el Presidente disuelva la Asamblea, hasta que se hagan elecciones y se instale la nueva Asamblea, el Presidente continúa en el cargo en vez de ser subrogado por el Vicepresidente y puede expedir decretos leyes de urgencia económica, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional (Art. 148 de la Constitución, puede ser comparado con el Art. 130 idem).

En el procedimiento legislativo: Una cuestión que pesa y desnaturaliza el papel de la Asamblea es el relativo al veto presidencial parcial. Como en todo proceso de elaboración de leyes el titular del Ejecutivo coparticipa de dicho proceso para sancionar la norma legal u objetarla, como denomina el constitucionalismo ecuatoriano al veto presidencial. En el caso de que éste sea parcial la Constitución dispone (Art. 138, inciso 3) que en un plazo de treinta días y en un solo debate la Asamblea decidirá si acepta –se allana- a la objeción presidencial o insiste en su proyecto de ley conforme fue aprobado (por la Asamblea).

El problema surge en este último caso, para insistir necesita una votación calificada de las dos terceras partes de los legisladores. Sobra decir que tal votación es difícil de obtener, lo que significa que el texto presidencial termina imponiéndose sobre el órgano cuya mayor función es la de legislar y que en consecuencia debería tener la decisión final. En mi criterio aquella votación calificada desnaturaliza el papel de la Legislatura. Debo agregar que esta disposición ya constó en la Constitución anterior de 1998 pero fue mantenida en la actual, a no dudarlo, con el propósito de concretar el predominio presidencial.