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La hipertrofia del sistema presidencial

Escrito por Hernán Salgado Pesantes.

La hipertrofia del sistema presidencial

 

Por: Dr. Hernán Salgado Pesantes

 

Este ensayo fue presentado como ponencia en el XI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en la ciudad de Tucumán – Argentina. Septiembre 17,18 y 19 de 2013.


Este fenómeno jurídico-político de crear un sistema presidencial vigoroso, cuya hegemonía proviene de la Constitución, se ha hecho presente en algunos países latinoamericanos, con diversos matices, y ha tomado la denominación de “hiperpresidencialismo”.

 

Siempre he reiterado que la estructura monista o unipersonal que caracteriza al presidencialismo –en oposición al parlamentarismo- es una cuestión que tiene que ser tomada muy en cuenta en el momento de organizar las instituciones políticas del Estado dentro de un sistema presidencial, pues el presidencialismo ya nace fortalecido, vigoroso, lo que en el escenario político se traduce en un predominio que, unido a otros elementos, le va a conducir a una hegemonía autoritaria o bien a un hiperpresidencialismo, como sucede en nuestra época.

 

En efecto, en América Latina y, en concreto en el Ecuador, el Poder Ejecutivo se ha destacado por el predominio que ha ejercido sobre los otros poderes, a través de su titular el presidente de la república. Y, tal predominio tiende a convertirse en hegemónico alcanzando un grado mayor de preponderancia, situación que contraviene el ordenamiento constitucional, en mayor o menor medida. El poder hegemónico concentra atribuciones que rompen el esquema de equilibrio entre las funciones que se supone debe existir dentro de un Estado. Desde esta perspectiva la hegemonía presidencial constituye una forma de autoritarismo.

 

 

 

A diferencia de lo expresado, en nuestra época observamos que el Ejecutivo presidencial de naturaleza fuerte –con esa tendencia hegemónica- es una cuestión auspiciada desde la propia Constitución. La concentración de competencias y atribuciones está establecida por la Ley Suprema lo que significaría –en principio- que el gobernante presidencial no necesita alterar menos romper la normativa constitucional; la cual, además, permitirá expedir el ordenamiento inferior con la ayuda de un procedimiento normativo –más o menos complejo- Así lo entiendo al llamado hiperpresidencialismo.

 

Una característica, que se destaca en el contexto hiperpresidencial, es que esa excesiva concentración de poder constitucionalmente establecida significa una reducción o disminución de las atribuciones de las demás funciones del Estado, en un grado mayor al que se fue dando en el transcurso del siglo XX, en el que ya se hablaba de la desvalorización de los congresos y parlamentos. Mientras el Ejecutivo presidencial se fortalece, los otros se debilitan y declinan. Uno de los afectados de manera especial es el Poder Legislativo, también incide con fuerza en los órganos jurisdiccionales (justicia ordinaria y justicia constitucional). Esta hipertrofia del sistema presidencial, que beneficia al titular del Ejecutivo, trae consigo un debilitamiento institucional.

 

Este presidencialismo, que aparece blindado desde la Constitución, no es inmune a los efectos del autoritarismo hegemónico, el cual, ya en la práctica política del gobierno, puede chocar con los derechos de libertad y afectar sensiblemente otros derechos fundamentales; sin embargo, los derechos económicos y sociales pueden ser atendidos en la medida que permita al gobierno presidencial obtener un electorado mayoritario, cuestión que conduce a la llamada democracia plebiscitaria.

 

En síntesis, el marcado desequilibrio de poderes que ocasiona el hiperpresidencialismo trae diversas consecuencias, quizá la mayor sea la anulación del control político que ejerce la Función Legislativa y del control jurisdiccional por los operadores de la Justicia. Otras consecuencias de efectos altamente negativos son la falta de transparencia, un acrecentamiento de la corrupción y de la impunidad, despotismo e intolerancia, entre otras; aspectos que contradicen el carácter democrático que debe poseer todo sistema constitucional.

 

En este punto, siempre me ha parecido que la normativa que pueda traer una Constitución no necesariamente es democrática (en el siglo XX se dieron numerosos ejemplos); Constitución y democracia no son términos sinónimos sino complementarios por excelencia.

 

Lo dicho, induce a afirmar que la Ley Fundamental tiene que estar construida sobre un pedestal de democracia y contener los elementos objetivos que configuran a ésta, uno de ellos es que el poder político debe estar distribuido nunca concentrado porque la Historia demuestra que ese es el camino que toman los regímenes totalitarios. En suma, debe existir una fusión estrecha entre los conceptos de democracia y de Constitución para llevarlos a la práctica política.

 

Además, sobra decir que en Ecuador –como en otros países- el tener en vigencia una Constitución (por excelente que sea) no garantiza que el gobierno de turno le dará un efectivo cumplimiento. Incluso las exigencias o mandatos constitucionales sufren mutaciones mediante procesos jurídicos interpretativos que terminan cambiando (mediante la interpretación) el sentido original de las normas para acoplarlas con los designios políticos del gobernante.