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EL DERECHO AL RECURSO EFECTIVO Y EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN

Escrito por Hernán Salgado Pesantes.

EL DERECHO AL RECURSO EFECTIVO Y EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN

La disposición del artículo 8 de la Convención se vincula con el Art. 25 y se convierte en el “recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes”. La Corte Interamericana ha considerado esta disposición –del Art. 25- como “uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.[1]

La evolución de los derechos humanos, la necesidad de conferirles una tutela efectiva y las complejidades que suelen presentar los sistemas procesales, hizo que el acceso a la justicia tuviera otra dimensión más dinámica en la protección y menos compleja en aspectos procesales. El resultado fue establecer un recurso que sea accesible, adecuado, sencillo, breve y efectivo.

Esto explica que los instrumentos internacionales de derechos humanos hayan desarrollado un recurso cuyos procedimientos se caracterizan por ser sencillos y ágiles pero de resultado efectivo. Tales son las garantías jurisdiccionales del hábeas corpus y del amparo, entre otras.

Las reglas contenidas en la Convención en el artículo 8, en su párrafo primero, se complementan con las del artículo 25 de la Convención, para este punto haremos mención a lo establecido en el número 2 del artículo 25, relativa al compromiso adquirido por el Estado Parte, cuyo resumen sería el siguiente:

Que corresponde a la “autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado” decidir sobre el recurso interpuesto (25.2.a); lo cual armoniza con el concepto de juez competente o juez natural, pero aquí la expresión “autoridad” al ser más amplia incorpora a quienes no son jueces (el caso de los funcionarios administrativos, por ejemplo).

Que los recursos judiciales –entenderíamos mejor jurisdiccionales- deben ser desarrollados en los respectivos ordenamientos jurídicos de los Estados, observando el mandato de ser recursos sencillos, sin complejidades procedimentales ni formalismos que sacrifiquen la justicia, al tiempo que se trata de recursos ágiles, toda cuestión procesal que tienda a dilatar la resolución debe ser rechazada, aquí tiene cabida el principio de economía procesal. Bien sabemos que uno de los problemas mayores de la administración de justicia es el retardo excesivo en el despacho de las causas y este aspecto tan negativo como perjudicial no puede darse en materia de derechos humanos.

La letra c) del párrafo 2 del artículo 25 concluye con la garantía del cumplimiento –por parte de la autoridad competente- de lo resuelto cuando se haya estimado procedente el recurso.

En general, esta potestad, para exigir el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales o de otro carácter, es indispensable para los jueces que deben hacer valer sus providencias frente a instituciones y órganos del Estado, incluso frente a los civiles y militares. Caso contrario como afirmó la Corte: “Los recursos son ilusorios cuando se demuestra su inutilidad en la práctica…” [2]

En resumen, podemos repetir con la Corte IDH que, el acceso a la justicia presenta una doble vertiente: por un lado, constituye el poder acudir a un juez o tribunal para hacer valer una facultad o pretensión y exigir su cumplimiento, es decir buscamos que se reconozca un derecho subjetivo.

Por otro lado, la idea tradicional del acceso a la justicia ha sido concebida desde la situación de quien ha sido acusado de una infracción o de un delito, significa el derecho que tiene la persona acusada para que se le juzgue dentro de un marco de garantías que abarca desde el inicio del proceso hasta su terminación. Es lo que comúnmente se denomina las garantías del debido proceso.

Estamos en esta segunda concepción cuando se expresa que el acceso a la justicia es “la garantía de ser juzgado equitativamente por un tribunal judicial independiente e imparcial”, como señala Fix-Zamudio, y que “se concreta a través del ejercicio de las distintas garantías que imponen las normas constitucionales y procesales”.


[1] Entre otros: Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C núm. 35, párr. 65; Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C núm. 34, párr. 82; Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie  núm. 36, párr. 102; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni). Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C núm. 79, párr. 112; Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C núm. 74, párr. 135.

[2] Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C, núm. 74, párr. 137.