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Sobre Justicia Constitucional

Escrito por Hernán Salgado Pesantes.

Sobre Justicia Constitucional

 

Vale recordar que los miembros del actual Tribunal Constitucional fueron designados por los legisladores del Congreso Nacional de 2007. Este Tribunal –en 2008- se convertiría por obra de un voluntarismo político, como preconizaba Carl Schmitt, en la “nueva” Corte Constitucional que administra la Justicia Constitucional. Sus decisiones favorecen las tesis del Ejecutivo e incurren en graves contradicciones con violación de la propia Constitución 2008. Hace tiempo olvidaron que son los guardianes de la Constitución, han preferido repetir con el Juez Charles Evans Hughes (1908), que: “Nosotros estamos sometidos a una Constitución, pero la Constitución es aquello que los jueces dicen que es”.

 

 

 

Los miembros de la autoproclamada Corte Constitucional deberían reflexionar sobre temas como:

Justicia constitucional y función política

 

Se puede decir que todo lo relacionado con el Estado de algún modo conlleva una actividad política, que los conflictos contenciosos que se dan alrededor del Estado también son alcanzados, en cierta manera, por la política. En cuanto a la justicia constitucional no se puede desconocer que tiene una dimensión política, cuestión que puede ser analizada desde un doble punto de vista.

 

Por un lado, los órganos de la justicia constitucional no están desvinculados de la realidad política –ni deben estarlo-, si la Constitución impone –digamos- reglas de juego a los entes políticos los jueces constitucionales tienen que tener muy en cuenta ese contexto político que ha sido regulado por la Ley Fundamental.

 

Por otro lado, las decisiones de los órganos de la justicia constitucional, una vez dictadas, van a tener incidencia política y dependiendo del asunto tratado esta incidencia será mayor o menor.  Por la misma jerarquía que posee el control de constitucionalidad toda resolución en este campo no solo que puede causar profundas modificaciones en el ordenamiento jurídico sino que, también, pueden traer secuelas de índole política.

 

Sabemos que entre lo jurídico y lo político hay una interdependencia estrecha por eso en las soluciones jurídicas estará latente la dimensión política, a la cual no se puede ignorar, pero las decisiones de los órganos de la justicia constitucional no deben ser adoptadas por motivos de conveniencia política o de oportunismo político.

 

Las decisiones de carácter político son propias, como se dijo, de los órganos del Ejecutivo y del Legislativo, que tienen una naturaleza eminentemente política, ellos pueden ejercer un control político, como por ejemplo, la objeción o veto presidencial sobre las leyes aprobadas por el Congreso y éste puede realizar una fiscalización política contra el Ejecutivo y otros órganos del Estado, incluyendo el juicio político.

 

En toda situación, la dimensión política de la justicia constitucional, bien entendida, debe conducir a consolidar la democracia, a esta finalidad política trascendental debe propender el control de la constitucionalidad.  Sabemos que la democracia es inseparable del Estado social de Derecho y que únicamente en los regímenes democráticos encuentran efectividad los derechos humanos.

 

Los autores coinciden en afirmar que la llamada juridificación de la vida política y del conflicto social latente encuentra en la justicia constitucional una institución básica, aunque no exclusiva, que garantiza el respeto a la Constitución de parte de los poderes públicos y también de los particulares.

 

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I.4.- Legitimidad de la justicia constitucional

 

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En los últimos tiempos y teniendo en cuenta la actividad desplegada por la justicia constitucional en la mayoría de los Estados, se concluye que su vocación democrática le confiere un fundamento de legitimidad.  La justicia constitucional no niega la democracia es, al contrario, el mejor garante que tiene la democracia, no la debilita la fortalece desde todo punto de vista, sea cuidando de que las leyes se subordinen y armonicen con la Constitución, sea defendiendo los derechos y libertades de las personas, protegiendo a las minorías y a los grupos vulnerables.  En síntesis, ella  fortalece el proceso democrático en su más amplio significado.

 

También se ha señalado que la justicia constitucional busca que prevalezcan los grandes principios de la política constitucional sobre las leyes de circunstancia adoptadas por mayorías legislativas coyunturales y transitorias.  El control sobreviene cuando estas leyes desbordan el marco constitucional.

 

En todo caso, no cabe duda de que la doctrina de la justicia constitucional modifica algunos criterios políticos tradicionales con el fin de asegurar el imperio de la Constitución, como única vía posible para alcanzar la democracia y la libertad.