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Los deberes estatales en materia de derechos humanos

Escrito por Hernán Salgado Pesantes.

Los deberes estatales en materia de derechos humanos

Los Estados Partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen el deber imperativo de garantizar los derechos y libertades reconocidos en dicho instrumento regional, para que tengan una efectiva aplicación. Con esta finalidad la Corte IDH ha afirmado, desde sus primeras sentencias, que los Estados tienen la obligación “de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de la cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”. [1]

Además, como quedó señalado, los Estados deben cuidar que los derechos garantizados tengan efectividad, pues como bien destaca la Corte, es necesario la existencia de “una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”, porque el deber de garantizarlos –por parte del Estado- no se agota en el hecho de tener un orden normativo que prescriba su cumplimiento.[2]

La doctrina y la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos han reiterado que el orden jurídico de cada Estado debe adoptar disposiciones internas que hagan efectivas las garantías de protección de los derechos. Con similar posición, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha reafirmado el deber que tienen los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto en práctica. [3]

En la época actual con la mayor conciencia que existe en materia de derechos humanos y con el avance de los sistemas democráticos, la mayoría de Estados de nuestro continente han recogido en sus constituciones y en la legislación secundaria los derechos esenciales de la persona, incluso se los ha desarrollado con más amplitud que en la Convención Americana. No obstante, sabemos que los Estados Partes tienen la obligación de adoptar las disposiciones convencionales en su ordenamiento jurídico interno, de conformidad con el mandato del artículo 2 de la Convención.

 

En todo caso, las disposiciones de la Convención contienen el mínimo exigible    que deben respetar los Estados. También está fuera de discusión que la normativa  sobre derechos humanos es de aplicación directa e inmediata (self executing),  que no necesita de legislación interna, salvo que en la norma respectiva se dé   este mandato para que el legislador nacional desarrolle la disposición.

Toda violación a los derechos y preceptos de la Convención por parte de los agentes o funcionarios del Estado trae la responsabilidad internacional de dicho Estado. Para este análisis nos interesa destacar que entre los funcionarios –que generalmente ejercen autoridad- están los jueces, miembros de los órganos jurisdiccionales del Estado (jueces ordinarios de las diversas materias jurídicas y jueces constitucionales).

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte IDH es clara en señalar que los órganos jurisdiccionales también están vinculados al deber de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención pues son parte del Estado y en su calidad de jueces tienen que “abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria (a la Convención)…”

La Corte considera que, incluso, el Poder Judicial y sus jueces deben “ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos…”   La Corte agrega que si el Poder Legislativo no cumple con aplicar lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención, los jueces deben suplir esta deficiencia, pues también están vinculados a esta obligación con base en el artículo 1 de dicho instrumento. [4]

 

[Si fuere del caso, tomar fragmentos del caso Almonacid Arellano vs. Chile, 2006, párrafos 123, 124  y 125]

 


[1] Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C, núm. 4, párr. 166. En sentencias posteriores la Corte ha reiterado este deber que tienen los Estados Partes en la Convención.

[2] Ibídem, párr. 167.

[3] Entre otros, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C núm. 73, párr. 87; Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C núm. 94, párr.112; Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C núm. 97, párr. 59.

[4] Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C núm. 154, párr. 123.