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Hacia la efectividad de los derechos humanos

Escrito por Administrador.

Hacia la efectividad de los derechos humanos

Hay que tener claro que la Convención Americana  -como la Europea- tiene como finalidad y propósito básico la tutela de derechos concretos y efectivos, no de derechos teóricos e ilusorios (ya Marx mismo calificaba a los derechos “burgueses” de meras utopías). Esta finalidad está presente en la jurisprudencia de la Corte IDH.

Lo expresado significa que los Estados miembros de la Convención deben proceder con igual propósito de dar vida concreta, efectiva y real a los derechos humanos. Con este sentido y alcance hay que considerar la obligación impuesta por el artículo 1 de la Convención, cuando dispone a los Estados partes respetar los derechos.

Los defensores naturales de los derechos de la persona son las jurisdicciones nacionales, en ellos reposa la subsidiaridad de la Convención. La Corte IDH constituye una jurisdicción coadyuvante o complementaria de la jurisdicción interna.

El mal funcionamiento de los tribunales internos de un país obligará a sus nacionales a reclamar sus derechos ante los órganos supranacionales. Entre otros aspectos, estas deficiencias se dan por una suerte de subdesarrollo que erosiona a la administración de justicia interna, muchas veces carente de los medios técnicos y modernizados, donde los procesos se desenvuelven con una lentitud endémica, en medio de una jurisprudencia contradictoria, que involuciona y no alcanza la progresividad.

Justamente, la jurisprudencia sobre derechos humanos -que se construye en cada país- es la encargada de dar precisión a los principios constitucionales, contando para ello con la orientación de los fallos y recomendaciones de los organismos supranacionales, en este caso con la guía de la Corte IDH que es el intérprete último de la Convención, pues para ello tiene competencia.

Además, para interpretar las normas de la Convención hay que tener en cuenta el artículo 29. c) de la misma, en el sentido de que la interpretación no puede “excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan  de la forma democrática representativa de gobierno”. En todo caso, corresponde a la jurisprudencia de cada país buscar la coherencia necesaria que debe existir en todo fallo.