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EL DEBIDO PROCESO Y SUS GARANTÍAS MÍNIMAS

Escrito por Administrador.

EL DEBIDO PROCESO Y SUS GARANTÍAS MÍNIMAS

A las garantías primarias establecidas para acceder a la justicia, para ser oídos por un juez o tribunal, que son propias de la organización misma del Estado, se agregarán otras, que corresponden al desarrollo procesal, conocidas como las garantías del debido proceso. En éstas  se incorporan determinados elementos esenciales que por su relevancia constituyen derechos: el derecho a la defensa con sus diversas facetas, el derecho a la asistencia consular, a ser asistido por traductores o intérpretes, el derecho a recurrir del fallo, etcétera. Estas reglas básicas están desarrolladas en el artículo 8. 2  de la Convención.

Hay que tener presente que estos derechos forman el conjunto de las garantías procesales y concurren a integrar el debido proceso legal, y que estos derechos están estrechamente vinculados entre sí, configurando una unidad

Siempre que se mencionen las reglas del debido proceso, que traen tanto la Convención Americana como otros tratados de Derechos Humanos, se debe tener claro que se trata de garantías mínimas, es decir, que el debido proceso no se agota en estas enumeraciones.  Por otro lado, sabemos que la Convención Americana lo que establece es un mínimo exigible.

En el primer párrafo del artículo 8 se hizo referencia a las garantías con las cuales el Estado asegura el acceso a la justicia -toda persona tiene derecho a ser oída- por un juez o tribunal (“competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”).  A partir del acceso a la justicia se inicia el debido proceso, que está concebido para el ámbito penal pero, como se dijo, su contenido abarca a los distintos campos donde actúan los funcionarios y autoridades del Estado.

 

En efecto, las garantías del debido proceso se han extendido a todos los casos en que se presume la responsabilidad de una persona o funcionario, desde lo administrativo hasta lo político, como puede ser un juicio político (impeachment). En uno de los casos sometidos a la Corte Interamericana, relativo a la destitución por el Congreso de tres magistrados del Tribunal Constitucional del Perú mediante un juicio político, la Corte señaló que dicho enjuiciamiento no respetó las reglas del debido proceso legal y expresó:

En cuanto al ejercicio de las atribuciones del Congreso para llevar a cabo un juicio político, del que derivará la responsabilidad de un funcionario público, la Corte estima necesario recordar que toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete.[1]

El párrafo dos del artículo 8 es uno de los más extensos de la Convención y contiene cinco numerales, donde se recogen las garantías mínimas del debido proceso con una perspectiva penal, que luego se ha ampliado a otras materias. La indignidad –como se dice- de los acusados o de aquellos inculpados de delitos no autoriza a rechazar u omitir las garantías de un debido proceso para estas personas. Incluso en el caso de los condenados. El texto de esta disposición es la siguiente:

Artículo 8.  Garantías Judiciales

[ …. ]

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

 

Entre estas garantías mínimas del debido proceso encontramos las siguientes: juez natural, la publicidad del juicio, como regla general, el derecho a contar con un abogado para la defensa, no quedar en indefensión, ofrecer y producir pruebas, la motivación de la sentencia, plazos razonables para la realización de las etapas y actos procesales y el equilibrio procesal.[2]

 


[1] Caso del Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú). Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, núm. 71, párr. 77.

[2] El Caso Suárez Rosero contra el Ecuador es uno de los casos donde la Corte IDH desarrolla lo que constituye el debido proceso.