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Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Escrito por Administrador.

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Con relación al artículo 8.1 de la Convención Americana que, como se ha visto, establece los elementos indispensables para la tutela de los derechos el órgano judicial del sistema interamericano ha dado –en lo principal- los siguientes criterios, interpretando y aplicando las normas convencionales.

La Corte ha reiterado en su jurisprudencia que en todo procedimiento judicial, de cualquier tipo de proceso que se trate, sea penal o civil, laboral o administrativo, u otro, se debe contar con jueces competentes, que cumplan con los requisitos exigidos de independencia y de imparcialidad.

Desde los primeros casos contra Honduras (1987), la Corte sentó las bases para el conocimiento y resolución de los procesos supranacionales llevados a su sede por intermedio de la Comisión Interamericana. Previamente señaló que el objeto y fin de la Convención Americana es la protección eficaz de los derechos humanos. “Por ello, la Convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo ‘su efecto útil’…”[1]

Es la efectividad que deben tener los derechos –señalada al inicio de este trabajo-, la concreción mediante resultados positivos. Por otro lado, la Corte advierte que en la jurisdicción internacional la inobservancia de ciertas formalidades no siempre es relevante, pues lo esencial es que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que alcancen los fines para los cuales han sido diseñados los distintos procedimientos…[2] Esta orientación jurisprudencial estará presente en el acceso a la justicia y en las garantías del debido proceso. Respecto de la independencia e imparcialidad que debe caracterizar a jueces y tribunales, la Corte Interamericana ha reiterado la necesidad de dar cumplimiento, por parte de los Estados, a estas garantías. Existe una jurisprudencia constante particularmente en aquellos casos peruanos de la época del Gobierno Fujimori, en los cuales converge además la garantía del juez natural.

Se puede tomar fragmentos de:

Caso Tribunal Constitucional  # 73 y 75

Caso Ivcher Bronstein  #  112- 114 y 115

La Corte ha señalado      que cuando no hay imparcialidad en los juzgadores las acciones o recursos mediante los cuales se busca proteger el derecho vulnerado no van a producir los resultados para los cuales fueron pensados y están condenados al fracaso.

Tomar fragmentos de Caso Tribunal Constitucional contra Perú # 94 y 96

La garantía del juez natural o competente tomó especial relevancia en los casos peruanos (de la época mencionada) por cuanto mediante una medida legislativa de 1992 se extendió el juzgamiento de civiles por tribunales militares en los casos de traición a la patria (situación jurídico-penal en la que incurrían los subversivos). En este complejo contexto político, el problema del juez natural generó también la falta de independencia e imparcialidad de los juzgadores.

Frente a esta situación la Corte consideró que no debe sustituirse a la jurisdicción ordinaria porque toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales ordinarios y conforme a procedimientos legalmente establecidos, lo que implica respetar al juez natural.

[…] El traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. En efecto, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a  la justicia.(Énfasis agregado) [3]

Al analizar los atributos de independencia e imparcialidad que deben poseer los jueces, la Corte -coincidiendo con los criterios de la Comisión- establece que los jueces militares son designados por las jerarquías militares y dependen del Poder Ejecutivo, lo que hace que en la práctica sigan subordinados a sus superiores y deban respetar la jerarquía institucional y sus principios; tales circunstancias conducen a pensar que los tribunales militares no son aptos para juzgar a civiles por que carecen de independencia e imparcialidad.

[…] En el caso en estudio, las propias fuerzas armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos. Este extremo mina considerablemente la imparcialidad que debe tener el juzgador. Por otra parte, de conformidad con la Ley Orgánica de la Justicia Militar, el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, máximo órgano dentro de la justicia castrense, es realizado por el Ministro del sector pertinente. Los miembros del Consejo Supremo Militar son quienes, a su vez, determinan los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones de sus inferiores. Esta constatación pone en duda la independencia de los jueces militares. [4]

La situación antedicha se complica cuando los jueces del tribunal militar que intervienen en los procesos por delitos de traición a la patria son jueces “sin rostro”, lo cual para la Corte “determina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia”. Y agrega la Corte: [E]sta situación se agrava por el hecho de que la ley prohibe la recusación de dichos jueces”. [5]

Sobre el papel       que corresponde a la jurisdicción penal militar la Corte Interamericana, tomando como punto de partida el espíritu democrático que subyace en todo instrumento internacional de derechos humanos y por ende en la Convención Americana, tuvo el siguiente pronunciamiento:

En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. [6]

En suma, para la jurisprudencia de la Corte, los procedimientos judiciales, independientemente del tipo de proceso que se trate, sea penal, civil laboral, fiscal o cualquier otro, han de contar con jueces no sólo en el aspecto formal sino que cumplan con los requisitos exigidos (independencia, imparcialidad, previa determinación por la ley, con poderes y atribuciones), y ser llevados con el respeto de todas las garantías del debido proceso.

 


[1] Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C núm. 1, párr. 30. Criterios similares se exponen en los otros dos casos hondureños: Caso Fairen Garbi y Solís Corrales; Caso Godínez Cruz.

[2] Ibid., párr.

[3] Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C núm. 52, párr. 128. Este caso y el de la profesora Loayza Tamayo son, en mi criterio, representativos de lo que significa permitir que tribunales militares actúen fuera de su ámbito castrense para juzgar a civiles bajo la acusación de terroristas. Posteriormente a esta sentencia, el Gobierno Fujimori decidió desconocer la competencia de la Corte Interamericana y retirarse de ella, con efectos inmediatos; dejando en el camino los casos Ivcher Bronstein y de los magistrados destituidos del Tribunal Constitucional que ya habían ingresado a la Corte.

[4] Ibid., párr. 130

[5] Ibid., párr. 133.

[6] Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C num. 68, párr. 117. Este pronunciamiento que aparece por vez primera en este Caso, sirvió no solo para la jurisprudencia constante de la Corte sino para ser aplicado en muchos países de nuestro Continente.