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Independencia e imparcialidad del juez

Escrito por Administrador.

Independencia e imparcialidad del juez

La independencia y la imparcialidad son elementos básicos que deben caracterizar a toda administración de justicia, no es posible concebir a ésta sin aquellos atributos si se trata de una sociedad democrática que vive el Estado de Derecho.

En un contexto de democracia constitucional los jueces deben caracterizarse, además de su probidad e idoneidad, por una férrea independencia y una sólida imparcialidad; estos principios –reiteramos- están en la base misma de toda jurisdicción, como un presupuesto necesario para que funcione la administración de justicia. El Poder Judicial -y todo tipo de jurisdicción- tiene en la independencia un escudo contra la interferencia de otros órganos o poderes del Estado, mientras que con la imparcialidad es posible cumplir el fin de la justicia.

De esta manera, los jueces pueden y deben actuar con entera libertad, lejos de cualquier tipo de presión sea económica, política o social (incluso familiar). Con independencia discernirán las normas jurídicas que deben aplicar al caso concreto, teniendo presente los principios éticos y constitucionales que regulan a su comunidad. Lo dicho permitirá que las valoraciones jurídicas del juez sean construidas adecuadamente.

Por su parte el deber de imparcialidad obliga a los juzgadores a actuar sin preferencias ni intereses en cuanto a las partes procesales y al objeto del proceso. Así, estarán en condiciones de valorar las pruebas y resolver el caso. Con base en esta imparcialidad un juez debe buscar el equilibrio procesal entre las partes.

Se puede afirmar que la imparcialidad del juez o tribunal está condicionada por  el grado de independencia que los órganos del poder reconozcan a la Función Jurisdiccional. Si no existe independencia en el ejercicio de la judicatura tampoco habrá imparcialidad. Esta independencia e imparcialidad del juez hallan una de sus concreciones en la publicidad que debe primar en los procesos, con las excepciones del caso.

Al respecto, hay que destacar el documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 sobre los “Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura”, el cual sirve de complemento para interpretar el contenido del derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial. En los primeros tres principios se menciona lo siguiente:

La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.

  1. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.
  1. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley. [1]

Otro elemento importante que trae el artículo 8. 1 de la Convención es que el juez o tribunal debe ser “establecido con anterioridad por la ley…”. Lo que significa que el sistema de juzgamiento, incluidos los juzgadores, deben estar previamente determinados por la ley, con anterioridad a los hechos que van a ser juzgados, y con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. Con este fundamente se prohíben los tribunales especiales.

Estos jueces legalmente establecidos por el ordenamiento jurídico, en una sociedad democrática, son los que están investidos de competencia, los denominados jueces naturales. En el contexto de los elementos reseñados que deben caracterizar el acceso a la justicia se plantean diversos problemas, uno de ellos es el juzgamiento de personas civiles por tribunales militares. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha debido analizarlos a medida que han sido expuestos en los casos contenciosos por violación de derechos humanos o bien mediante la función consultiva que posee la Corte.

 


[1] Fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985.