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EL ACCESO A LA JUSTICIA Y SU SIGNIFICADO

Escrito por Administrador.

EL ACCESO A LA JUSTICIA Y SU SIGNIFICADO

El derecho de acceso a la justicia o derecho a la protección judicial es el punto de partida para la protección de los derechos de las personas. Dicho de otra manera, el acceso a la justicia constituye el soporte necesario para que se restablezca la efectividad de los demás derechos, cuando estos han sido violados.

La Convención Americana se refiere al acceso a la justicia cuando habla del derecho de toda persona a ser oída y que consta como primera manifestación de las “Garantías Judiciales” que trae el artículo 8.  La expresión ‘derecho a ser oído’ es utilizada también en otros instrumentos sobre derechos humanos, así en el Pacto Internacional (Art. 14 ), la Convención Europea (Art. 6.1).

Este acceso a la justicia significa que la persona que considera haber sufrido una violación a su o sus derechos está garantizada por el Estado de obtener una tutela efectiva –real, concreta- para la protección de los derechos. Por otra parte, quien es objeto de una acusación penal también tiene el derecho de ser oído con las debidas garantías por un juez o tribunal.

Valga recordar que el acceso a la justicia y sobre todo el debido proceso, en un primer momento, fueron concebidos principalmente para lo penal o criminal, pero a partir de los instrumentos internacionales que se dieron en la segunda mitad del siglo XX se extendió el debido proceso también para lo administrativo, lo laboral, civil y otros campos jurídicos.

La Corte Interamericana con motivo de una consulta que le fuera hecha en materia de garantías judiciales (1987) señaló, para evitar confusiones, que el artículo 8 de la Convención Americana “no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales…”[1]

En este mismo orden de ideas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en un caso posterior (2001), ha precisado que cuando el artículo 8 de la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente”, esta expresión también involucra:

… a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través  de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana. [2]

Con estas precisiones examinaremos el artículo 8 de la Convención, pero reiteremos que todo Estado -mediante su ordenamiento jurídico- tiene la obligación de estructurar un procedimiento, donde se respeten determinadas reglas básicas que aseguren alcanzar el valor justicia, dentro o a través de dicho procedimiento. Por un lado, se garantiza el acceso a la justicia y, por otro, se establece el debido proceso legal.

Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos son unánimes en exigir que este procedimiento –o proceso- se realice ante jueces, tribunales o autoridades dotados de competencia legal o constitucional, revestidos de independencia y de imparcialidad, cuyas actuaciones se encuadren en el denominado plazo razonable. De esta manera lo prescribe también la Convención en su artículo 8.1.

Artículo 8.  Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

 


[1] Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Párr. 27, in fine.

[2] Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C núm. 71, párr. 71.