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EL DERECHO AL RECURSO EFECTIVO Y EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN

Escrito por Hernán Salgado Pesantes.

EL DERECHO AL RECURSO EFECTIVO Y EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN

La disposición del artículo 8 de la Convención se vincula con el Art. 25 y se convierte en el “recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes”. La Corte Interamericana ha considerado esta disposición –del Art. 25- como “uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.[1]

La evolución de los derechos humanos, la necesidad de conferirles una tutela efectiva y las complejidades que suelen presentar los sistemas procesales, hizo que el acceso a la justicia tuviera otra dimensión más dinámica en la protección y menos compleja en aspectos procesales. El resultado fue establecer un recurso que sea accesible, adecuado, sencillo, breve y efectivo.

Esto explica que los instrumentos internacionales de derechos humanos hayan desarrollado un recurso cuyos procedimientos se caracterizan por ser sencillos y ágiles pero de resultado efectivo. Tales son las garantías jurisdiccionales del hábeas corpus y del amparo, entre otras.

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ENTREVISTA EL COMERCIO: Ley de medios no ofrece independencia

Escrito por Hernán Salgado Pesantes.

Ley de medios no ofrece independencia

ENTREVISTA Hernán Salgado / Ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

¿La comunicación es un servicio público o un derecho que consta en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

Aquí hay una gran confusión al querer pensar que los derechos humanos tengan la calidad de funciones públicas. Cuando hablamos de función pública estamos enfocando al Estado. Cuando hablamos de DD.HH. estamos invocando a las personas. Los DD.HH. son propios de las personas y no del Estado. El Estado debe cuidar que todos los ciudadanos tengamos la libertad de expresión, que todos podamos informar y recibir información. No debe intervenir en el derecho mismo de la gente.

¿Por qué los derechos humanos y la libertad de expresión, como parte de ellos, tienen prelación sobre otras normas de la Constitución?

Los DD.HH. están basados en la dignidad de las personas y como tales son anteriores a cualquier organización de la sociedad, a la organización estatal misma. Por lo tanto, siendo inherentes a la persona, estos deben ser respetados universalmente.

¿La Constitución y los convenios internacionales en esta materia están por encima de la Ley de Comunicación?

Naturalmente que sí, porque quizá la única concepción dentro del ordenamiento jurídico que prima sobre todas las cosas es el ser humano, que es el principio y el fin de todo. Por eso es que el ser humano debe estar por encima de todo ordenamiento jurídico.

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‘Cambiar la OEA es una tarea difícil que requiere el consenso de todos los Estados’, dice Hernán Salgado

Escrito por Administrador.

‘Cambiar la OEA es una tarea difícil que requiere el consenso de todos los Estados’, dice Hernán Salgado

Frente a las declaraciones del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de cambiar o desaparecer la OEA en función de una nueva época, el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hernán Salgado, dijo que es positivo que en esta época se pretendan cambios pero al mismo tiempo aseguró que cambiar una institución “debe pensarse bien”. En una entrevista con Ecuavisa, Salgado recalcó que modificar la OEA es una idea antigua, no nueva, pero resulta una tarea difícil porque requiere del consenso de todos los estados. “De cambiar el funcionamiento de un organismo burocrático a nivel interamericano a modificar el sistema interamericano de Derechos Humanos hay una gran distancia”. A partir de 1978 se ha ido modificando por sí sola tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana.

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Los deberes estatales en materia de derechos humanos

Escrito por Hernán Salgado Pesantes.

Los deberes estatales en materia de derechos humanos

Los Estados Partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen el deber imperativo de garantizar los derechos y libertades reconocidos en dicho instrumento regional, para que tengan una efectiva aplicación. Con esta finalidad la Corte IDH ha afirmado, desde sus primeras sentencias, que los Estados tienen la obligación “de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de la cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”. [1]

Además, como quedó señalado, los Estados deben cuidar que los derechos garantizados tengan efectividad, pues como bien destaca la Corte, es necesario la existencia de “una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”, porque el deber de garantizarlos –por parte del Estado- no se agota en el hecho de tener un orden normativo que prescriba su cumplimiento.[2]

La doctrina y la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos han reiterado que el orden jurídico de cada Estado debe adoptar disposiciones internas que hagan efectivas las garantías de protección de los derechos. Con similar posición, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha reafirmado el deber que tienen los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto en práctica. [3]

En la época actual con la mayor conciencia que existe en materia de derechos humanos y con el avance de los sistemas democráticos, la mayoría de Estados de nuestro continente han recogido en sus constituciones y en la legislación secundaria los derechos esenciales de la persona, incluso se los ha desarrollado con más amplitud que en la Convención Americana. No obstante, sabemos que los Estados Partes tienen la obligación de adoptar las disposiciones convencionales en su ordenamiento jurídico interno, de conformidad con el mandato del artículo 2 de la Convención.