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LA DESIGNACIÓN DE LOS JUECES CONSTITUCIONALES Y EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN

Escrito por H.Salgado.

 

Prof. Dr. Hernán Salgado Pesantes PhD


LA DESIGNACIÓN DE LOS JUECES CONSTITUCIONALES

Y EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN

 

El nombramiento de los jueces constitucionales se caracteriza por ser una designación compartida para un órgano colectivo. Además, se caracteriza por tener una forma de designación que no está abierta a todos, lo cual es negativo a la participación de aquellos que reuniendo los requisitos necesarios no lo pueden hacer porque es una forma cerrada que no permite una participación universal, está bloqueada por una suerte de candado.

La Constitución en su artículo 434 determina el procedimiento para seleccionar y designar a los nueve jueces y los suplentes. Dispone que debe existir una comisión calificadora integrada por seis miembros, los cuales son designados por tres Funciones del Estado (de las cinco que existen): Legislativo, Ejecutivo y de Transparencia y Control Social. Cada Función nombra dos miembros para esta comisión, es decir, son seis.

Esta comisión calificadora va a recibir una lista de candidatos para seleccionar a los jueces constitucionales (titulares y suplentes). Lo destacable es que esta lista de candidatos es preparada por cada una de las tres Funciones antes mencionadas, en número de nueve postulantes. Dicho número es señalado por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, (Art. 180 numeral 3).

Lo expresado significa que si una persona aspira a ser juez constitucional tiene que buscar ser incluida en la lista de una de las tres Funciones del Estado; caso contrario no podría presentarse como candidato. Por eso la he calificado de sistema cerrado, que ignora la verdadera participación, el pluralismo, donde la meritocracia ya no tiene razón de ser. En resumen, es una designación antidemocrática, rezago de antiguos caudillismos o bien de totalitarismos pasados.

Para comprender la intervención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el nombramiento de los jueces constitucionales hay que remitirse a la Función de Transparencia y Control Social y a quienes lo conforman. La Constitución señala en el artículo 204, inciso tercero, que la componen “el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias”. (En este orden).

De estos órganos que conforman la Función de Transparencia y Control Social los más importantes serían: la Contraloría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El primero es un órgano eminentemente técnico, que data de 1927 y que ejerce el “sistema de control administrativo” con auditorías interna y externa según el artículo 212 de la Constitución.

Por el contrario, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una creación de la Constitución de 2008 con importantes atribuciones de nombramiento de los altos funcionarios estatales (de órganos individuales y colectivos), que busca ser el medio para dinamizar la participación de la sociedad civil y que ha recibido el mandato de luchar contra la corrupción. La opinión pública ha denominado al Consejo de Participación Ciudadana como “quinto poder del Estado”.

Este análisis permite comprender el papel que tiene el mencionado Consejo en la Función de Transparencia y Control Social, incluso en el texto constitucional está mencionado en primer lugar. De aquí se deduce y se puede comprobar que para designar a los jueces constitucionales, junto a los miembros de la comisión calificadora del Ejecutivo y Legislativo, están los dos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y que, además, el mismo Consejo de Participación manda la lista de los candidatos para la Corte Constitucional (que, como fue dicho y según la Ley respectiva, deben ser nueve por cada Función del Estado).

En definitiva, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desempeña un papel activo en la selección y designación de los jueces constitucionales. Podría discutirse que no se trata de una designación directa, de exclusiva participación, pero tampoco se puede negar que es un nombramiento compartido en el cual el Consejo de Participación ejerce un papel preponderante y que sí interviene.

En cuanto a la selección y designación de estos altos funcionarios del Estado mediante el sistema diseñado por la Constitución, hay que señalar enfáticamente que el Consejo de Participación Ciudadana deformó dicho proceso de concurso y méritos. De la experiencia habida a partir de la Constitución de 2008, estos concursos no dieron ninguna garantía de que se seleccionen a los mejores.

La llamada meritocracia favoreció a quienes presentaron afinidad ideológica o simplemente fueron aduladores del titular del Ejecutivo. Cuando los medios de información social analizan estas designaciones establecen que en casi todos los casos –por no afirmar que en todos- quienes fueron elegidos han estado vinculados al Gobierno del ex Presidente Correa, en diversas funciones.

LA EVALUACIÓN Y DESTITUCIÓN DE LOS JUECES CONSTITUCIONALES

Parte del debate que hay con respecto al mandato constitucional que tiene el Consejo Transitorio es el relativo a que si este órgano puede realizar la evaluación de los jueces constitucionales y, si fuera el caso, de destituirlos.

En mi criterio personal mi respuesta es afirmativa: los pueden evaluar y los pueden destituir. Comprendo que en este punto algunos analistas se aferran a lo que dice la Constitución, a su letra, sin dar importancia que el Consejo Transitorio ha recibido un mandato popular que durante el tiempo limitado de sus funciones le permite quedar fuera de la normativa constitucional.

Aclaró mejor, quiero decir que en cuanto a sus atribuciones el Consejo Transitorio tiene que dar prioridad al mandato recibido, es decir, en este caso, a realizar evaluaciones a las autoridades o funcionarios que son el resultado de haber sido nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Si no se hubiera realizado la Consulta Popular esto no sería posible porque la norma constitucional dispone la manera en que tales funcionarios o autoridades deben rendir cuentas y dar informes de ser necesario. Más aún cuando se trata de establecer responsabilidades y determinar la destitución.

Sabemos que los casos de destitución igualmente están establecidos por las normas constitucionales, previamente se establecerá la responsabilidad que de modo general es a través de un juicio político.

Estas disposiciones constitucionales no van a tener aplicación mientras el Consejo de Participación ejerza las funciones que le han sido encomendadas mediante la Consulta Popular, en un ejercicio de democracia directa. Incluso en las preguntas del referéndum ya se han dado determinadas reformas a la Carta constitucional.

Naturalmente la ciudadanía y la opinión pública nacional deben seguir atentamente los pasos y procedimientos que utiliza el Consejo Transitorio, esta es la forma de participación y control de una sociedad democrática, pero no se puede reclamar que el Consejo Transitorio se someta en cada caso a lo que dispone la normativa constitucional.

Es obvio que en la parte orgánica de las instituciones no va haber correspondencia y no se dará una estricta aplicación debido a que la misma reestructuración estatal es una de las finalidades del mandato popular. Lo expresado no sucedería con la parte dogmática de la Constitución donde se encuentran valores, principios y derechos que tienen plena aplicación.

Me atrevería a decir que la Consulta y el mandato popular conllevan una particular situación, donde tienen que coexistir la Constitución y dicho mandato. Y concretamente me refiero a estos casos de evaluaciones, de responsabilidades y de destituciones que son los puntos que estamos analizando. Me adelantaría a señalar que en otras situaciones tal vez no podría decir lo mismo.

Para concluir con el tema de las destituciones me referiré al artículo 431 de la Constitución, donde se señala que los miembros de la Corte Constitucional no están sujetos a juicio político ni pueden ser removidos por quienes los designen. Y en el último inciso se establece que los jueces constitucionales serán destituidos por las dos terceras partes de los miembros de dicha Corte.

El mismo artículo 431 de la Constitución señala que en caso de responsabilidad penal serán acusados por el Fiscal General y juzgados por el pleno la Corte Nacional de Justicia con el voto conforme de las dos terceras partes.

Estas son las disposiciones de la Carta Magna que no van a poder aplicárseles a los jueces constitucionales, en razón de que el mandato popular dispone que es el Consejo de Transición quien debe realizar las evaluaciones y las destituciones de todos aquellos -funcionarios o autoridades-que tiene su origen en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

 

¿EVALUACIÓN CON LÍMITES?

Dadas las circunstancias político-jurídicas y constitucionales que impulsaron a esta Consulta Popular, para que los ciudadanos se pronuncien, no es aceptable de ninguna manera que algunas entidades públicas defendiendo sus intereses busquen limitar la evaluación que debe realizar el Consejo Transitorio, en el sentido de que dicha evaluación es únicamente para las autoridades o funcionarios que fueron designados por el Consejo de Participación que fuera cesado.

Bajo esta forma de pensar quieren algunos aferrarse al cargo público ¿cuál es el miedo a someterse a una evaluación transparente y objetiva? Son los intereses individuales que deben someterse al interés de la comunidad toda que clama por la reestructuración institucional.

Sería una burla aceptar tal argumentación que no está de acuerdo ni con la letra ni con el espíritu de la Consulta Popular que generó un mandato especial, resultado directo de la voluntad de los ciudadanos que ostentan la categoría de soberanos.

En conclusión y como establece el Anexo 3:

“El Consejo en transición tendrá por misión el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, de participación ciudadana, y de prevención y combate a la corrupción para lo cual propondrá a los órganos competentes las reformas necesarias.”

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La designación de los jueces constitucionales y el Consejo de Participación

Escrito por H.Salgado.

LA DESIGNACIÓN DE LOS JUECES CONSTITUCIONALES Y EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN

Prof. Dr. Hernan Salgado Pesantes, PHD

 

El nombramiento de los jueces constitucionales se caracteriza por ser una designación compartida para un órgano colectivo. Además, se caracteriza por tener una forma de designación que no está abierta a todos, lo cual es negativo a la participación de aquellos que reuniendo los requisitos necesarios no lo pueden hacer porque es una forma cerrada que no permite una participación universal, está bloqueada por una suerte de candado.

 

La Constitución en su artículo 434 determina el procedimiento para seleccionar y designar a los nueve jueces y los suplentes. Dispone que debe existir una comisión calificadora integrada por seis miembros, los cuales son designados por tres Funciones del Estado (de las cinco que existen): Legislativo, Ejecutivo y de Transparencia y Control Social. Cada Función nombra dos miembros para esta comisión, es decir, son seis.

 


Esta comisión calificadora va a recibir una lista de candidatos para seleccionar a los jueces constitucionales (titulares y suplentes). Lo destacable es que esta lista de candidatos es preparada por cada una de las tres Funciones antes mencionadas, en número de nueve postulantes. Dicho número es señalado por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, (Art. 180 numeral 3).

 

Lo expresado significa que si una persona aspira a ser juez constitucional tiene que buscar ser incluida en la lista de una de las tres Funciones del Estado; caso contrario no podría presentarse como candidato. Por eso la he calificado de sistema cerrado, que ignora la verdadera participación, el pluralismo, donde la meritocracia ya no tiene razón de ser. En resumen, es una designación antidemocrática, rezago de antiguos caudillismos o bien de totalitarismos pasados.

 

Para comprender la intervención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el nombramiento de los jueces constitucionales hay que remitirse a la Función de Transparencia y Control Social y a quienes lo conforman. La Constitución señala en el artículo 204, inciso tercero, que la componen “el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias”. (En este orden).

 

De estos órganos que conforman la Función de Transparencia y Control Social los más importantes serían: la Contraloría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El primero es un órgano eminentemente técnico, que data de 1927 y que ejerce el “sistema de control administrativo” con auditorías interna y externa según el artículo 212 de la Constitución.

 

Por el contrario, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una creación de la Constitución de 2008 con importantes atribuciones de nombramiento de los altos funcionarios estatales (de órganos individuales y colectivos), que busca ser el medio para dinamizar la participación de la sociedad civil y que ha recibido el mandato de luchar contra la corrupción. La opinión pública ha denominado al Consejo de Participación Ciudadana como “quinto poder del Estado”.

 

Este análisis permite comprender el papel que tiene el mencionado Consejo en la Función de Transparencia y Control Social, incluso en el texto constitucional está mencionado en primer lugar. De aquí se deduce y se puede comprobar que para designar a los jueces constitucionales, junto a los miembros de la comisión calificadora del Ejecutivo y Legislativo, están los dos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y que, además, el mismo Consejo de Participación manda la lista de los candidatos para la Corte Constitucional (que, como fue dicho y según la Ley respectiva, deben ser nueve por cada Función del Estado).

 

En definitiva, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desempeña un papel activo en la selección y designación de los jueces constitucionales. Podría discutirse que no se trata de una designación directa, de exclusiva participación, pero tampoco se puede negar que es un nombramiento compartido en el cual el Consejo de Participación ejerce un papel preponderante y que sí interviene.

 

En cuanto a la selección y designación de estos altos funcionarios del Estado mediante el sistema diseñado por la Constitución, hay que señalar enfáticamente que el Consejo de Participación Ciudadana deformó dicho proceso de concurso y méritos. De la experiencia habida a partir de la Constitución de 2008, estos concursos no dieron ninguna garantía de que se seleccionen a los mejores.

 

La llamada meritocracia favoreció a quienes presentaron afinidad ideológica o simplemente fueron aduladores del titular del Ejecutivo. Cuando los medios de información social analizan estas designaciones establecen que en casi todos los casos –por no afirmar que en todos- quienes fueron elegidos han estado vinculados al Gobierno del ex Presidente Correa, en diversas funciones.

 

LA EVALUACIÓN Y DESTITUCIÓN DE LOS JUECES CONSTITUCIONALES

Parte del debate que hay con respecto al mandato constitucional que tiene el Consejo Transitorio es el relativo a que si este órgano puede realizar la evaluación de los jueces constitucionales y, si fuera el caso, de destituirlos.

 

En mi criterio personal mi respuesta es afirmativa: los pueden evaluar y los pueden destituir. Comprendo que en este punto algunos analistas se aferran a lo que dice la Constitución, a su letra, sin dar importancia que el Consejo Transitorio ha recibido un mandato popular que durante el tiempo limitado de sus funciones le permite quedar fuera de la normativa constitucional.

 

Aclaró mejor, quiero decir que en cuanto a sus atribuciones el Consejo Transitorio tiene que dar prioridad al mandato recibido, es decir, en este caso, a realizar evaluaciones a las autoridades o funcionarios que son el resultado de haber sido nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

 

Si no se hubiera realizado la Consulta Popular esto no sería posible porque la norma constitucional dispone la manera en que tales funcionarios o autoridades deben rendir cuentas y dar informes de ser necesario. Más aún cuando se trata de establecer responsabilidades y determinar la destitución.

 

Sabemos que los casos de destitución igualmente están establecidos por las normas constitucionales, previamente se establecerá la responsabilidad que de modo general es a través de un juicio político.

 

Estas disposiciones constitucionales no van a tener aplicación mientras el Consejo de Participación ejerza las funciones que le han sido encomendadas mediante la Consulta Popular, en un ejercicio de democracia directa. Incluso en las preguntas del referéndum ya se han dado determinadas reformas a la Carta constitucional.

 

Naturalmente la ciudadanía y la opinión pública nacional deben seguir atentamente los pasos y procedimientos que utiliza el Consejo Transitorio, esta es la forma de participación y control de una sociedad democrática, pero no se puede reclamar que el Consejo Transitorio se someta en cada caso a lo que dispone la normativa constitucional.

 

Es obvio que en la parte orgánica de las instituciones no va haber correspondencia y no se dará una estricta aplicación debido a que la misma reestructuración estatal es una de las finalidades del mandato popular. Lo expresado no sucedería con la parte dogmática de la Constitución donde se encuentran valores, principios y derechos que tienen plena aplicación.

 

Me atrevería a decir que la Consulta y el mandato popular conllevan una particular situación, donde tienen que coexistir la Constitución y dicho mandato. Y concretamente me refiero a estos casos de evaluaciones, de responsabilidades y de destituciones que son los puntos que estamos analizando. Me adelantaría a señalar que en otras situaciones tal vez no podría decir lo mismo.

 

Para concluir con el tema de las destituciones me referiré al artículo 431 de la Constitución, donde se señala que los miembros de la Corte Constitucional no están sujetos a juicio político ni pueden ser removidos por quienes los designen. Y en el último inciso se establece que los jueces constitucionales serán destituidos por las dos terceras partes de los miembros de dicha Corte.

 

El mismo artículo 431 de la Constitución señala que en caso de responsabilidad penal serán acusados por el Fiscal General y juzgados por el pleno la Corte Nacional de Justicia con el voto conforme de las dos terceras partes.

 

Estas son las disposiciones de la Carta Magna que no van a poder aplicárseles a los jueces constitucionales, en razón de que el mandato popular dispone que es el Consejo de Transición quien debe realizar las evaluaciones y las destituciones de todos aquellos -funcionarios o autoridades-que tiene su origen en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

 

¿EVALUACIÓN CON LÍMITES?

Dadas las circunstancias político-jurídicas y constitucionales que impulsaron a esta Consulta Popular, para que los ciudadanos se pronuncien, no es aceptable de ninguna manera que algunas entidades públicas defendiendo sus intereses busquen limitar la evaluación que debe realizar el Consejo Transitorio, en el sentido de que dicha evaluación es únicamente para las autoridades o funcionarios que fueron designados por el Consejo de Participación que fuera cesado.

 

Bajo esta forma de pensar quieren algunos aferrarse al cargo público ¿cuál es el miedo a someterse a una evaluación transparente y objetiva? Son los intereses individuales que deben someterse al interés de la comunidad toda que clama por la reestructuración institucional.

 

Sería una burla aceptar tal argumentación que no está de acuerdo ni con la letra ni con el espíritu de la Consulta Popular que generó un mandato especial, resultado directo de la voluntad de los ciudadanos que ostentan la categoría de soberanos.

 

En conclusión y como establece el Anexo 3:

El Consejo en transición tendrá por misión el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, de participación ciudadana, y de prevención y combate a la corrupción para lo cual propondrá a los órganos competentes las reformas necesarias.

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La consulta popular y su impacto en la democracia. Un reto al hiper-presidencialismo

Escrito por H.Salgado.

LA CONSULTA POPULAR Y SU IMPACTO EN LA DEMOCRACIA

Un reto al hiper-presidencialismo [1]

 

Por Hernán Salgado Pesantes

 

Sumario: Introducción. 1- Reelección indefinida para “ampliar derechos”. 2- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 3- Última reflexión. 4- La democracia ¿reencontrada? Conclusiones.

 

Introducción

 

Me referiré a la “consulta” como término genérico del evento electoral realizado el 4 de febrero de 2018; bien sabemos que hay cinco preguntas de referéndum y dos de consulta propiamente dicha, en conformidad con lo que dispone la Constitución ecuatoriana.

Los resultados de la consulta pueden ser analizados desde diversas ópticas, aquí lo haré desde la perspectiva jurídico constitucional teniendo siempre presente la estructura de las instituciones políticas, según fueron diseñadas por la Constitución 2008.

La consulta popular que viene de realizarse deja un gran margen de optimismo al observar los resultados favorables para las siete preguntas elaboradas por el régimen del Presidente Moreno. Como fue señalado por muchos analistas, esta consulta realmente se reducía a dos preguntas, si consideramos la importancia e incidencia de su contenido en el sistema político ecuatoriano. Examinémoslo.

 

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El Dr. Hernán Salgado Pesantes habla en Ecuavisa respecto a la solicitud de medidas cautelares de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana

Escrito por H.Salgado.

El Dr. Hernán Salgado Pesantes habla en Ecuavisa respecto a la solicitud de medidas cautelares de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana (1m21s)